Conflictos relacionados con la minería en Brasil aumentaron a 932 y afectaron casi 700.000 personas en 2022

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RÍO DE JANEIRO, 13 dic (Xinhua) — El número de conflictos relacionados con la minería en Brasil aumentó en 2022 a 932, frente a los 840 del año anterior, involucrando a 688.573 personas, en su mayoría indígenas y trabajadores, en 792 municipios del país, un 22,9 por ciento más que en 2021, según divulgó hoy el Comité Nacional de Defensa de los Territorios frente a la Minería.
Con la iniciativa, el comité busca explicitar los impactos ambientales y las violaciones de derechos que resultan de la actividad minera en el país, “especialmente en el actual contexto de desregulación de las políticas ambientales, propuestas de apertura de nuevas áreas para la minería e incentivos institucionalizados a la minería”.
En 2022, al menos 155.983 indígenas sufrieron las consecuencias de conflictos generados por la minería, y estuvieron presentes en 141 incidentes, de los cuales más de la mitad (55 por ciento) fueron con mineros. En el caso de los pueblos indígenas, las empresas mineras internacionales también fueron responsables en gran medida de desencadenar las crisis, al estar implicadas en el 25,7 por ciento de los casos.
Los quilombolas estuvieron en el centro de 35 conflictos, con al menos 49.268 personas afectadas por este contexto, según el cálculo de la comisión. Otras víctimas de luchas de poder de esta naturaleza fueron ribereños (15.879 personas), pescadores (6.498), extractivistas (4.241), ocupantes ilegales (3.091), geraizeiros (582) y campesinos de fundo de pasto (904).
También según el informe, los grupos más afectados por la minería fueron los indígenas (15,1 por ciento), los trabajadores (12,1 por ciento) y la población urbana (9,7 por ciento). Le sigue la categoría de pequeños propietarios rurales (8,3 por ciento).
La ambición en torno a la extracción ilegal de minerales -en particular garimpos- estuvo detrás de 270 incidentes en 235 localidades de 22 estados, lo que representa el 29,1 por ciento de los casos documentados.
El informe señala que los estados con mayor concentración de registros fueron los amazónicos Pará (20,2 por ciento) y Amazonas (19,9 por ciento. Otros datos muestran que los conflictos por la tierra y el agua totalizaron 590 y 284 sucesos, respectivamente, en el último año analizado.
La encuesta también destaca los casos de violencia extrema asociados a la minería. En total, hubo 45 muertes, 19 casos de trabajo análogo al de esclavo, siete de amenazas, cinco de amenazas de muerte y dos de trabajo infantil.
Durante el periodo, la mayoría de los conflictos, un total de 107, se produjeron a nivel estatal. Los conflictos federales sumaron 81 y los municipales 33.
A pesar de que las fuerzas en disputa eran a menudo muy desiguales, hubo reacciones ante las violaciones cometidas. El informe menciona 132 de ellas, que adoptaron la forma de manifestaciones, cartas públicas, bloqueos de carreteras, ocupaciones y acciones judiciales, entre otras. Fin

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