SANTIAGO, 17 abr (Xinhua) — Chile necesita un plan integral para mitigar la delincuencia en el país, aseguran expertos, en medio de la crisis de seguridad que ha dejado tres policías muertos en un mes y un aumento de los delitos en 2022, entre ellos los homicidios, aunque siguen estando bajo a nivel regional.
El presidente del Senado de Chile, Juan Antonio Coloma, enfatizó este lunes que la seguridad “se recupera entre todos”, luego de entrevistarse con los jefes de Carabineros (policía militarizada) y de la Policía de Investigaciones.
Durante el último mes, la seguridad ha sido el principal tema en la agenda política y social en el país sudamericano.
El asesinato del carabinero Daniel Palma el pasado 6 de abril, el tercer fallecido de la institución en menos de un mes, obligó al Gobierno a presentar una batería de proyectos y medidas para paliar la inseguridad en la nación sudamericana.
Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, detalló a Xinhua que efectivamente los delitos de robo han aumentado “significativamente” este año en comparación con 2022, tras citar los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Gobierno chileno.
“Algo similar ocurre con los homicidios y delitos violentos. El aumento ocurre con mayor fuerza en las regiones del norte que en el resto del país. Incluso si se compara con 2019, previo a la pandemia, existe un ritmo más acelerado en el aumento del crimen en relación al crecimiento de estos delitos”, indicó.
Los datos del CEAD también evidencian que durante el 2022 se registraron 934 homicidios, lo que da una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Esta cifra, aunque está muy por debajo del nivel regional, significó un incremento de 34,33 por ciento respecto al año anterior, y un alza de 67,8 por ciento respecto a una década antes.
“Va de la mano con el aumento de la delincuencia, pero también con su intensidad. Se trata de delincuentes con mayor acceso a armas de fuego que en el pasado y una policía públicamente debilitada”, detalló Herrera sobre la oficial de policía que fue cuestionada tras su actuar en el estallido social de octubre de 2019, acusada de cometer violaciones a los derechos humanos contra manifestantes.
Para el experto, más allá de los proyectos de ley y las señales, la crisis de seguridad requiere una estrategia integral, que incluya al menos una reforma penal para endurecer las penas, inteligencia, recursos, prevención y rehabilitación.
Asimismo, subrayó que, pese a que existe una relación entre el aumento de la delincuencia y las zonas con mayor concentración de migrantes, “dicha asociación no necesariamente implica causalidad”.
Por su parte, el jefe de carrera de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Raúl Zarzuri, subrayó que “no podemos decir que Chile sea un país que está descontrolado con relación a la delincuencia o a delitos de alta peligrosidad”.
“Chile sigue siendo todavía quizá uno de los países estables en término de seguridad en América Latina”, indicó el también investigador del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad de Chile.
“La delincuencia y todo el fenómeno que va asociado a esto es un efecto de causas estructurales que vivimos nosotros como país. Si bien Chile se ubica dentro del concierto de las naciones latinoamericanas como un país estable, con un sistema económico bastante estable, aún así sigue con inequidades extremadamente grandes”, abundó el experto.
El Congreso chileno está en medio de la discusión de una agenda de seguridad para combatir la delincuencia que considera 31 proyectos relativos a la materia. Asimismo, a inicio de este mes aprobó la ley Naín-Retamal, en honor a dos carabineros fallecidos en ejercicio, que entrega mayores facultades a los policías, lo que ha sido criticado por expertos y organizaciones, quienes la caracterizaron como la “ley gatillo fácil”.
A su vez, el Gobierno de la nación austral anunció que intervendrá una treintena de comunas en todo el país, con el fin de aumentar la dotación policial y mejorar la coordinación entre las instituciones competentes, además de 1.500 millones de dólares adicionales que anunciaron para afianzar la lucha del Estado contra el crimen organizado. Fin