Fiscalía de Perú abre investigación contra ministra de Cultura

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LIMA, 14 nov (Xinhua) — El Ministerio Público de Perú abrió este lunes una investigación preliminar contra la titular del Ministerio de Cultura, Betssy Chávez, por haber incurrido en la presunta contratación irregular de allegados en cargos públicos.
La Fiscalía hizo el anuncio a través de su cuenta de la red social Twitter, donde aseguró que la pesquisa contra la funcionaria se enmarca en los presuntos delitos de “negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado”.
“(Se) dispuso iniciar las diligencias preliminares para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, relacionados a la presunta contratación de allegados en cargos en el Estado”, apuntó.
El Ministerio Público tomó la medida luego de que el programa periodístico dominical “Cuarto Poder” difundió una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación en cargos públicos a dos familiares de Abel Sotelo, un comerciante vinculado sentimentalmente con Chávez.
Según transmitió el programa del canal privado América Televisión, el padre del empresario, Antonio Sotelo, fue nombrado en enero pasado representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati).
Luego de eso, habría sido designado jefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), agregó el programa televisivo.
Esas designaciones se habrían producido mediante una resolución ministerial firmada por la actual ministra de Cultura, cuando fue titular del Ministerio de Trabajo entre octubre de 2021 y mayo de 2022.
Asimismo, el hermano del empresario, Marco Antonio Sotelo, fue contratado como asistente en el despacho parlamentario de la ministra por un periodo de cinco meses, aunque el mismo no cumplía con los requisitos pertinentes para el cargo.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que se lleve a cabo una serie de diligencias para establecer las responsabilidades del caso, entre ellas la toma de declaraciones indagatorias a Chávez, a Abel Sotelo y sus familiares, además de requerir información en varias entidades del Estado. Fin